El próximo 26 de octubre junto con las elecciones nacionales se plebiscitará bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, este proyecto propone una reforma constitucional que permita juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años bajo el sistema penal adulto. Los argumentos tienen que ver que en la actualidad los menores infractores tienen la capacidad necesaria para saber si lo que hacen es o no un delito.
A raíz de esta propuesta iniciada por sectores de la oposición al gobierno, surgió la Comisión No a la Baja, con la necesidad de frenar la iniciativa bajo la consigna de “bajar no sirve, bajar es peor, bajar está mal”. Según datos del departamento de estadística del Poder Judicial, en el año 2011 se iniciaron 50.756 asuntos penales, de los cuales solamente 3.250 correspondieron a la justicia penal juvenil, o sea un 6.4%. También en nuestro país hay aproximadamente 270.000 jóvenes de entre 13 y 17 años de los que cerca de 1000 están en conflicto con la ley penal por diferentes infracciones.
Para contribuir al debate público para la comprensión de este tema, La Nueva Mañana realizó un informe y conversó con Alicia Canetti, docente e investigadora de la Facultad de Medicina y responsable del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza y con el antropólogo Ricardo Fraiman, profesor grado 5 del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas. especialista en etnografías de la violencia, Coordinador del Plan de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior.
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