En mayo de este año, La Junta Departamental de Montevideo aprobó la decisión de identificar a los conductores del transporte colectivo con una placa que llevará su nombre y apellidos.
El sistema fue planteado como una iniciativa para un mejor relacionamiento entre los usuarios y los transportistas. La edila frenteamplista Graciela Villar dijo por ejemplo a La República que lo que procura el decreto es ser una garantía para los ciudadanos. Señaló además que “los trabajadores del transporte son servidores públicos y que por ello deben asumir tanto el buen como el mal trato”.
Desde la UNOT inmediatamente se expresó que no se acatará el decreto departamental. Se dijo que con esta medida lo único que se va a conseguir es agravar más aun la situación de los trabajadores del transporte.
En La Nueva Mañana hablamos con Marcos Lombardi, dirigente gremial de la Unión Nacional de Obreros del Transporte.
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