Chile se prepara para una discusión sin precedentes sobre la despenalización del aborto terapéutico, proyecto de ley que la presidenta Michelle Bachellet ingresaría antes de fin de año. En el país andino actualmente se practicarán cada año más de 300.000 interrupciones clandestinas del embarazo y las penas para quienes se practican un aborto llegan hasta cinco años de cárcel. El aborto terapéutico fue legal en Chile por más de 50 años, hasta que la penalización absoluta se impuso en 1989, en el ocaso de la dictadura militar que terminó en 1990. Desde entonces ha sido imposible hacer un debate serio y menos un avance legislativo sobre la realidad del aborto, hasta ahora.
Organizaciones sociales y organismos internacionales reclaman la urgencia de cambios en la penalización absoluta del aborto, enfatizando el efecto negativo de tales restricciones legales y su impacto sobre el derecho a la vida y salud de las mujeres y niñas chilenas. Sobre este tema, La Nueva Mañana dialogó con Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas del Centro regional de Derechos Humanos y Justicia de Género y coordinadora del Observatorio Parlamentario.
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