En el último programa del ciclo de Periferias en el que se profundizó las políticas de seguridad de la región, tocó abordar lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio. Si bien en el inicio del Gobierno progresista uruguayo “la seguridad” no figuró como un tema central, sino que el énfasis estuvo puesto en el establecimiento de un plan de emergencia para salir de la pobreza extrema, con el tiempo hubo un viraje del modelo que pasó a dirigirse bajo el recetario clásico del “realismo de derecha”, que implicó el fortalecimiento de todos los dispositivos para el control y la neutralización de los impulsos criminales. 

Según el sociólogo Rafael Paternain, docente de la Universidad de la República, esto se debió, entre otros factores,  a la presión cada vez más importante de la opinión pública. “El tema logró generar un estado de situación, de debate, de interpelación, de debilitamiento, sobre todo de las figuras más asociadas a la conducción de las políticas de seguridad, que fue generando un caldo de cultivo, un estado de ánimo interno y externo que permite entender muchos de los cambios que empezaron a ocurrir a partir del 2010“, señaló Paternain. 

En Uruguay el número de personas en cárceles es extremadamente elevado y ha crecido constantemente desde 1989. Actualmente, hay 13 mil personas privadas de libertad. Sin embargo para Mauro Tomasini, integrante del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), existe un corrimiento de la violencia debido al rol que ha  ido adquiriendo la policía.  “Hoy se castiga más cuando te detiene la policía que adentro de la cárcel, porque hay un desplazamiento de la violencia institucional, y entiendo violencia institucional como violencia ilegal“, indicó Tomasini. 

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